Un
importante período histórico para
la ACJ se abrió en 1991 para la
ACJ. Fue cuando, precisamente, se hizo
palmario que la crisis de la deuda dejaba
un extenso sedimento de pobreza en la
región, y de manera especial en
el Ecuador. Esta situación se
acentuó con las erráticas
políticas de ajuste ensayadas
por los distintos gobiernos que, en tributo
de las cifras macroeconómicas,
delimitaron los gastos sociales del Estado,
lo que replantea la importancia de la
sociedad civil en el desarrollo nacional.
Los tibios programas sociales son focalizados
en los grupos de alto riesgo y se ensayan
reformas legales que pretenden privatizar
los negocios del Estado y en el agro
hacerlo con el agua y mercantilizar la
propiedad comunal.
La nueva generación que ingresó a la ACJ en 1990 asumió de
raíz el desafío planteado en el desarrollo urbano con una nueva
orientación: la gestión urbana. Así en 1991 pasamos de mirar
el barrio a mirar la ciudad, del trabajo micro a vincularlo con lo macro, del
desarrollo comunitario a la gestión y a la participación en políticas
sociales, del proyecto al programa, de casarnos con una organización urbana,
a mirar la multiplicidad del sujeto social, de pensar que podemos hacer solos
el trabajo, pasamos a sentirnos parte de una red de esfuerzos de la sociedad
civil en la lucha por los derechos ciudadanos.
Nuestras raíces, antes ubicadas solo en los barrios de Quito, se extendieron
a las ciudades intermedias de la Costa, con presencia en los barrios marginales.
Allí incorporamos un nuevo tipo de voluntariado que fue haciendo suya
la institución. Creamos una filial en Santo Domingo de los Colorados,
abrimos un proyecto en Chone, luego se creó una filial en Portoviejo y
otra en Machala.
La ACJ logró dotarse de una identidad y un rostro propio, donde integramos
nuestra dimensión de movimiento ecuménico, con la de constructor
de la sociedad civil y la ciudadanía, así como de organismo capaz
de impulsar procesos por el mejoramiento de la calidad de vida. En medio de una
fuerte crisis social y económica, la ACJ logró forjar una cosa
impredecible: una identidad, un proyecto institucional que le permite responder
con alternativas concretas a la creciente pobreza urbana pero, al mismo tiempo,
identificarse con las causas de la participación y la construcción
de sujetos sociales.
Si alguien pregunta sobre que siente y piensa en el fondo un miembro de la ACJ,
la respuesta es sencilla: un gran compromiso con los sectores pobres de las ciudades.
La ACJ Ecuador expresa ahora una notable maduración en su línea
de trabajo, que despliega la acción con una diversidad de sujetos sociales
en la gestión urbana, concibe a las ciudades como una totalidad y auspicia
la lucha popular para llegar al gobierno de las ciudades. Son relevantes los
programas de ciudadanía activa y desarrollo local de Quito, Santo Domingo
de los Colorados, Portoviejo, Alausí y otras ciudades; el énfasis
puesto en el protagonismo de jóvenes, mujeres y pobladores; el fortalecimiento
de los vínculos con la Iglesia; la activa participación en foros
de discusión sobre las propuestas del Estado. De manera singular hay que
ponderar la activa intervención en el movimiento acejotista latinoamericano,
donde la experiencia de la ACJ-Ecuador es aprovechada para posibilitar un desarrollo
del movimiento en la región.
Por cierto no habríamos podido hacer todo este trabajo si no habríamos
tenido primero la confianza de los sujetos sociales con los que trabajamos, quienes
encontraron en nosotros un fuerte apoyo para su propio desarrollo, y en segundo
lugar, la cooperación de muchos hermanos y hermanas, amigos y amigas,
miembros de agencias de cooperación y movimientos fraternos de Ecuador,
Alemania, Holanda, Suiza, Canadá y Dinamarca.
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