La
intolerancia institucional ante las
movidas juveniles
El caso de Paúl Guañuna
Paúl
Alejandro Guañuma Sanguña
fue un adolescente de 16 años,
cuya vida no hubiera sido coartada
de no haber estado en el lugar equivocado,
en el momento equivocado y haciendo
algo que, a los policías que
lo detuvieron, les pareció también
equivocado: pintar una pared con un
marcador, es decir, estar “graffiteando”.
El
tratar de expresar en un muro las inquietudes
y sentimientos propios de la juventud
fue una acción tan
errada que Paúl Alejandro mereció ser
sancionado con la pena más grave
y cruel. Que no debería, pero
que se impone a un ser humano: la pena
de muerte.
Sí, así de simple, pena
de muerte y una tortura previa: sus manos
fueron quemadas con un cigarrillo. Pena
de muerte sin defensa, pues su único
abogado defensor fue su propio grito
de desesperación, grito ahogado
en la penumbra de la noche y el gas lacrimógeno,
grito de silencio de un cuerpo que quisieron
hacerlo suicidar después de muerto:
los muertos no se suicidad, los muertos
están muertos, y particularmente
a este muerto lo mataron.
A
este muerto lo mataron, así lo
determinó la autopsia, la segunda,
la que se hizo después de exhumar
el cadáver, porque en la primera
los policías dijeron que se suicidó solito,
que saltó de un puente y solo
se murió sin que se dañe
ningún órgano. A este muerto
lo mataron, así de simple, sin
más debido proceso que las garantías
que pueden ofrecer un grupo de asesinos,
sin más orden de detención
que el grito de “alto o disparo”,
sin más juez ni jurado que las
manos de los policías que lo detuvieron,
quienes con todo el rigor de su ley,
le impusieron una pena no sujeta a ninguna
apelación posterior, una pena
no susceptible de rebajas, una pena no
encaminada a la rehabilitación
del supuesto infractor, del niño
criminal, del futuro terrorista, como
dirían las máximas autoridades
del primer mundo. Una pena despreciable
y que desprecia a la vida: la pena de
muerte.
Sí, la pena de muerte, el castigo
máximo y también el ejemplo
máximo de lo que nos puede pasar
a quienes, al igual que Paúl Alejandro,
se atrevan a quebrantar las normas esenciales
de un sistema obsoleto, a transgredir
los principios básicos de una
sociedad enferma, a romper los parámetros
fundamentales de la normalidad y atreverse… si,
atreverse, a pintar una pared.
La
ejecución de Paúl Alejandro
es idónea para atemorizar a quienes
se atrevan a pensar en desafiar a las
normas sociales, las normas que, supuestamente,
buscan el bien común. La sentencia
de Paúl fue dictada y la pena
cumplida sin ningún tipo de posibilidad
de defensa, los verdugos permanecen ocultos
entre las faldas de una institución
que cobija a todos sus hijos bajo el
velo una impunidad llamada jurisdicción
policial ¿y es que acaso no bastaba
con tener grupos especiales, comisariatos
especiales, botas especiales, chalecos
especiales, gases, uniformes y hasta
perros especiales? ¡¡¡Pues
no!!! También necesitaba un fuero
especial y especialmente utilizado para
garantizar que la justicia no pueda ver,
para que los culpables no sean sancionados
y todo continúe en la oscuridad.
Una
vez más la policía
-como reza su propio lema- fue más
que un buen amigo.
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Adriana Barahona
Andrés Borja
Luis Ángel Saavedra
Beatriz Villarreal
